No, los médicos no cobran hasta 8.000 euros por cada trasplante en España: qué significan realmente estas cifras

La donación de órganos en España es voluntaria, gratuita y altruista, pero algunos mensajes virales están utilizando cifras fuera de contexto para hacer creer que los médicos cobran miles de euros por cada trasplante. En realidad, esas cantidades combinan costes del sistema sanitario y retribuciones por trabajo extraordinario que se reparten entre equipos, no pagos individuales por órgano.

LO QUE SE AFIRMA

“Los médicos españoles reciben hasta 8.000 euros de plus por hacer un trasplante de órgano”

LO QUE SABEMOS HASTA AHORA

Engañoso Las cuantías publicadas sobre trasplantes corresponden a retribuciones por actividad asistencial extraordinaria y cubren a todos los profesionales implicados, no a un único médico. Además, no constituyen un pago individual por órgano ni un incentivo económico por realizar trasplantes.

Los médicos españoles no cobran “hasta 8.000 euros” cada uno por hacer un trasplante

Recientemente, una publicación difundida en X (archivada aquí) por Polonia Castellanos, Presidente de la Fundación Española de Abogados Cristianos, sostiene que “los médicos españoles reciben hasta 8.000 euros de plus por hacer un trasplante de órgano” y que “los funcionarios de la sanidad cobran un extra por ello”. El mensaje, según los datos facilitados, superó las 111.000 visualizaciones y fue compartido más de 500 veces. Para reforzar esa idea, remite a un artículo publicado por The Objective en 2023, que hablaba de pluses y retribuciones vinculadas a la actividad de donación y trasplante. La afirmación, tal como está formulada, es engañosa.

La razón principal es que mezcla tres cosas distintas: la gratuidad de la donación, la financiación pública del sistema de trasplantes y la retribución del trabajo extraordinario de los equipos sanitarios. Y al mezclarlas, da a entender que un médico o un sanitario cobra miles de euros “por órgano” como si se tratara de un pago individual por conseguir o extraer órganos. Eso no es lo que describen ni la normativa ni la explicación oficial de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En España, la ley establece que la donación de órganos debe ser gratuita y prohíbe cualquier beneficio económico por la donación o la asignación de órganos. El Real Decreto 1723/2012 recoge expresamente que “no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos” ni ofrecer o aceptar beneficios económicos por su asignación.

Eso no significa que todo el trabajo sanitario asociado a una donación o a un trasplante se haga sin coste ni sin remuneración profesional. La ONT nos ha explicado que “la actividad de los profesionales sanitarios fuera de la jornada ordinaria siempre se remunera”, ya sea mediante guardias, continuidades asistenciales u otras fórmulas, y que eso también ocurre con quienes participan en los programas de donación y trasplante.

Ese matiz es clave. La ONT subraya que la donación y el trasplante “no son actividades programadas”, sino procesos que suelen activarse de forma inesperada y con carácter urgente, generalmente fuera del horario laboral habitual. Cuando se activa uno de estos procedimientos, se moviliza “un número variable de profesionales con un alto nivel de especialización (desde 10 hasta más de 100)”, que deben estar disponibles de inmediato y durante muchas horas.

Por eso existen sistemas de retribución específicos en muchas comunidades autónomas. Pero eso no equivale a que cada médico cobre miles de euros por un trasplante. De hecho, la propia ONT rechaza esa lectura de forma expresa. A la pregunta de si es correcto afirmar que un profesional sanitario puede llegar a recibir “hasta 8.000 euros” por un trasplante, responde de forma tajante: “Tal afirmación no es correcta”. Y añade una precisión decisiva: “Las retribuciones publicadas para la actividad de donación y trasplante cubren a todos los profesionales que participan en el correspondiente procedimiento”. En un trasplante hepático, por ejemplo, puede haber “hasta 10-12 profesionales”, y en el conjunto del proceso pueden intervenir bastantes más.

Lo que sí existe: pagos por actividad extraordinaria, no un “precio” individual por órgano

Parte de la confusión procede de documentos autonómicos y de artículos periodísticos que recogen cuantías económicas asociadas a determinados procedimientos. El artículo de The Objective citado en la publicación viral hablaba de importes que, en algunos casos, podían llegar a varios miles de euros, e incluía ejemplos de Andalucía, Murcia, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Esos importes existen en algunos sistemas retributivos, pero no describen un “premio” individual para un médico por trasplantar un órgano. Lo que recogen son compensaciones o bolsas económicas vinculadas a una actividad sanitaria compleja, urgente y realizada habitualmente fuera de la jornada ordinaria. Y, según explica la ONT, las comunidades autónomas son las que regulan esa cobertura económica, bien mediante normas publicadas en boletines oficiales o bien mediante regulación interna hospitalaria.

El organismo añade que el modelo predominante no es un “bonus” por vender o conseguir órganos, sino “el pago por acto médico o, en su caso, un sistema mixto que combina la disponibilidad y la actividad realizada”. También aclara por qué muchas veces no se cubre con un simple sistema de guardias: “No es viable mantener un sistema de guardias de 24 horas durante los 365 días del año para todos los profesionales que deben estar localizables y disponibles”.

Ese contexto desaparece casi por completo en la formulación viral, que convierte una estructura de financiación sanitaria en una insinuación de lucro personal. Ahí está la parte engañosa del mensaje.

La donación es altruista; el trabajo sanitario no es gratuito

Otro de los errores de la publicación es presentar la gratuidad de la donación como si impidiera cualquier remuneración del personal sanitario. No es así.

La gratuidad y el altruismo se refieren a que ni el donante ni terceros pueden cobrar por el órgano donado. Pero eso es compatible con que el sistema público pague los costes asistenciales y retribuya a los profesionales por el trabajo que realizan, especialmente cuando ese trabajo se presta fuera de horario, con alta especialización y bajo disponibilidad permanente.

La ONT lo resume así: “Como todas las actividades sanitarias, la actividad de donación y trasplante dispone de un sistema de retribuciones para compensar la dedicación y el trabajo realizado por los profesionales implicados”. Y añade que se trata de “un sistema retributivo que se adapta a las peculiaridades del programa de donación y trasplante de órganos, y que lo hace viable y económicamente sostenible”.

El organismo va más allá y advierte de que atribuir el éxito del sistema español únicamente a esas retribuciones “es un ataque a los profesionales sanitarios”, porque pone en cuestión “su ética” y el cumplimiento de sus principios deontológicos. También recuerda que “la donación es un derecho de cualquier ciudadano” y que la misión de los coordinadores de trasplantes es cumplir con esa voluntad cuando se dan las condiciones clínicas y legales.

El sistema de trasplantes tiene un coste elevado, pero también un ahorro sanitario

Otro punto que ayuda a entender el debate es el coste real de los trasplantes para el sistema público. No son procedimientos baratos. Según la información trasladada por la ONT a Factico, “el trasplante de órganos es un proceso costoso”, con cifras que sitúa “entre 26.500 euros en el caso del trasplante renal y más de 84.000 euros en el caso del trasplante de pulmón o corazón”.

Esas cifras encajan con las tablas del Ministerio de Sanidad sobre coste medio hospitalario en hospitales de agudos del SNS, donde aparecen importes medios de 26.551 euros para el trasplante renal, 53.133 euros para el hepático, 84.801 euros para el cardíaco y 84.256 euros para el pulmonar.

Es importante no confundir estos costes sanitarios con el dinero que recibe una sola persona. Son costes del procedimiento y del sistema hospitalario, no un “precio por órgano” que se embolse un médico.

Además, la ONT destaca que, aunque la actividad trasplantadora exige una inversión importante, también genera ahorros muy relevantes para la sanidad pública. En su respuesta a Factico sostiene que el trasplante renal resulta menos costoso que la diálisis a partir del primer año y que, gracias a esta actividad, el sistema sanitario español ha ahorrado cientos de millones de euros. Concretamente, “la Organización Nacional de Trasplantes estima que, gracias a los trasplantes renales que se realizan en nuestro país (3.988 en 2025), cada año nuestro Sistema Sanitario ahorra dos veces el coste de todos los procesos de obtención y trasplante de órganos que se efectúan en España”. Y recalcan que, “en solo una década, la actividad de trasplante renal habría generado un ahorro en diálisis de más de 750 millones de €. Finalmente, el coste de los trasplantes en España es muy inferior al de otros países”, recalcando que, “en Estados Unidos es 8-10 veces superior.”

Ese dato es relevante porque desmonta otra insinuación habitual en este tipo de mensajes: que el sistema de trasplantes sería una especie de “negocio”. Lo que describen los datos públicos y la ONT es lo contrario: un procedimiento caro, muy regulado, altamente especializado y, en algunos casos, más eficiente y sostenible que otras alternativas asistenciales.

Qué omite el mensaje viral

La publicación de X y otras similares suelen omitir que el proceso de donación y trasplante implica a coordinadores, intensivistas, cirujanos, anestesistas, enfermería, personal técnico, celadores, logística, laboratorios y otros perfiles. No se trata de un acto aislado realizado por una sola persona.

También omiten que las cuantías publicadas en algunas comunidades no equivalen a un ingreso individual neto ni se pueden trasladar sin más de una autonomía a otra, porque los sistemas retributivos cambian según la comunidad y, en ocasiones, incluso según el hospital.

Y omiten, además, que la normativa internacional no considera incompatible el principio de no comercialización del cuerpo humano con el hecho de que se remunere el trabajo profesional vinculado a la obtención y utilización clínica de órganos. La ONT recuerda a Factico que convenios internacionales como el Convenio de Oviedo contemplan esa compatibilidad.

Es más, el tráfico de órganos está tipificado como delito en el artículo 156 bis del Código Penal, tras una reforma aprobada en 2019 que permitió a España adherirse al Convenio Europeo contra el Tráfico de Órganos. Esta práctica conlleva penas de prisión: entre 6 y 12 años si afecta a personas vivas y entre 3 y 6 años cuando se trata de órganos de personas fallecidas.

Un mensaje que puede erosionar la confianza en la donación

La ONT también alerta sobre el efecto de este tipo de publicaciones. En su respuesta a Factico advierte de que “los ataques infundados al sistema de donación y trasplante pueden influir de forma muy negativa en la donación de órganos”, lo que afecta directamente a las posibilidades de trasplante de pacientes en lista de espera. “Muchas vidas dependen de que seamos capaces de mantener e incrementar la disponibilidad de órganos”, añade.

Ese riesgo no es menor en un país como España, que lleva décadas siendo una referencia internacional en donación y trasplantes. Presentar el sistema como si existiera un incentivo económico individual por “conseguir órganos” distorsiona cómo funciona realmente.

Veredicto

Atendiendo a todo lo mencionado anteriormente, calificamos la afirmación de que “los médicos españoles reciben hasta 8.000 euros de plus por hacer un trasplante de órgano” como engañosa.

Es cierto que existen retribuciones o compensaciones por la actividad de donación y trasplante realizada fuera de la jornada ordinaria, y que algunas comunidades publican importes asociados a estos procedimientos. Pero es incorrecto presentar esas cuantías como si fueran un pago individual a un médico por cada órgano o por cada trasplante.

Según la ONT, esa interpretación “no es correcta”, porque las cantidades publicadas cubren a todos los profesionales implicados en procedimientos complejos y urgentes, dentro de un sistema sanitario público donde la donación sigue siendo, por ley, voluntaria, gratuita y altruista.

Esta desinformación ya había sido desmentida anteriormente por varios verificadores, entre ellos AFP Factual, Newtral y Maldita.es, que coincidieron en un punto clave: las cifras difundidas se presentaban de forma descontextualizada para hacer creer que existían pagos individuales o incentivos económicos por los órganos, algo que no se corresponde con el funcionamiento real del sistema español de trasplantes.

Referencias:

 

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