Engañoso: los documentos desclasificados por Tulsi Gabbard no demuestran que Anthony Fauci financiara la investigación que originó la COVID-19, que él causara la pandemia ni que manipulara a la inteligencia de EE. UU.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó el 18 de junio de 2026 una nota de prensa con un título rotundo: “Fauci financió la investigación del laboratorio de Wuhan que desencadenó la COVID-19”. La difundió Tulsi Gabbard, entonces directora de Inteligencia Nacional, desde la web oficial de la ODNI y también mediante un vídeo en redes sociales (ver en X, cuyo vídeo alcanzó las 4,6 millones de visualizaciones).

La acusación es grave: sostiene que Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, financió investigaciones peligrosas en el Instituto de Virología de Wuhan, que esas investigaciones originaron la pandemia, que después influyó en la comunidad de inteligencia para ocultarlo y que mintió al Congreso.

Sin embargo, la revisión de los documentos publicados no permite sostener esas conclusiones como hechos probados.

Sí hay una base real: fondos de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. llegaron, a través de EcoHealth Alliance, a investigaciones sobre coronavirus vinculadas al Instituto de Virología de Wuhan (aunque hay que recordar que, incluso entre los propios científicos, se ha generado un intenso debate público sobre si parte de este trabajo debería considerarse investigación de ganancia de función). Sea como fuere, ese punto forma parte del debate público desde hace años y aparece de nuevo en los materiales difundidos.

Pero esa base no equivale a la afirmación central de la nota de prensa. Los documentos no identifican ningún virus financiado por el NIAID que se convirtiera en SARS-CoV-2. Tampoco contienen una evaluación de inteligencia que concluya que una investigación pagada por Fauci causó la pandemia. De hecho, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) han negado explícitamente que los virus estudiados en las investigaciones que financiaron pudieran haber evolucionado hasta convertirse en el SARS-CoV-2.

Lo que muestran los archivos es algo más limitado: dentro del Gobierno de EE. UU. hubo discusiones sobre si el virus pudo surgir por un salto natural desde animales o por un incidente asociado a un laboratorio. Algunas comunicaciones dan peso a la posibilidad de una fuga accidental; otras subrayan que no había pruebas concluyentes para cerrar el caso.

Uno de los documentos citados con más frecuencia es un análisis de mayo de 2020 elaborado por un laboratorio financiado por el Gobierno estadounidense. Ese análisis consideraba plausible una liberación accidental desde Wuhan, incluso de un virus adaptado en laboratorio. Pero no demostraba que eso hubiera ocurrido. Mucho menos demostraba que el supuesto virus procediera de una investigación financiada por Fauci.

De hecho, entre los propios documentos hay correos posteriores que cuestionan la fuerza de esa hipótesis. En uno de ellos, un funcionario sostiene que no había información que demostrara que el Instituto de Virología de Wuhan tuviera acceso a un precursor directo del SARS-CoV-2. Esa cautela es importante: una hipótesis considerada seriamente por analistas no es lo mismo que una prueba.

La nota de prensa también acusa a Fauci de haber dirigido o manipulado las evaluaciones de inteligencia para imponer la teoría del origen natural. Los documentos sí muestran que Fauci habló con funcionarios de la CIA en junio de 2021, recibió una sesión informativa sobre los posibles orígenes del virus y recomendó científicos a los que la comunidad de inteligencia podía consultar.

Eso no prueba manipulación. Durante una pandemia, era esperable que las agencias consultaran a expertos en enfermedades infecciosas, y Fauci era uno de los funcionarios sanitarios más relevantes del país. La cuestión clave es si los documentos muestran que él controló, alteró o dictó las conclusiones. No lo hacen.

Al contrario, algunos correos internos reflejan que analistas de inteligencia se preguntaron si convenía aceptar recomendaciones de Fauci precisamente porque podía ser percibido como una figura interesada en la controversia. Otro documento indica que se barajó incluirlo como revisor externo, pero se descartó por esa posible percepción de conflicto.

Eso debilita la tesis de que la comunidad de inteligencia actuó simplemente como correa de transmisión de Fauci. Los archivos muestran consultas, reservas internas y desacuerdos; no una cadena de mando informal dirigida por él. De hecho, uno de los documentos recoge el malestar de un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional tras una reunión con el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2021. Según ese informe interno, varios legisladores republicanos acusaron a los analistas de haber dejado fuera a expertos partidarios de la hipótesis de la fuga de laboratorio. Sin embargo, el funcionario respondió que esa crítica carecía de fundamento, ya que, según escribió, la comunidad de inteligencia había consultado precisamente a todos los especialistas mencionados por los congresistas. Este contenido contradice la idea de que las evaluaciones oficiales se elaboraron escuchando únicamente a científicos próximos a Fauci o favorables a la hipótesis del origen natural.

La acusación de que Fauci mintió al Congreso también exige más matices de los que ofrece la nota oficial. Gabbard sostiene que los documentos contradicen su testimonio de 2024, cuando fue preguntado por contactos con agencias de inteligencia sobre investigación viral. El intercambio parlamentario, sin embargo, fue confuso. Las preguntas mezclaron referencias al programa chino de armas biológicas, conversaciones con agencias de inteligencia tras los ataques con ántrax de 2001 y la COVID-19. La frase destacada por la ODNI —“que yo sepa, no sobre la COVID”— aparece al final de ese cruce y no basta por sí sola para concluir de forma indiscutible que hubo perjurio. Es más, la transcripción de esa audiencia demuestra que Gabbard está tergiversando la declaración.

Y es que tras la respuesta que cita Gabbard, Fauci añadió una aclaración: «Permítanme asegurarme de que tenemos los datos correctos». A continuación explicó que, después de que comenzaran las investigaciones sobre la COVID-19, las agencias de inteligencia le habían informado sobre posibles actividades relacionadas con laboratorios. Ese mismo matiz volvió a aparecer más adelante en la audiencia, cuando James Comer aseguró que Fauci había testificado que «nunca tuvo comunicación con la comunidad de inteligencia durante toda la pandemia de COVID-19». La respuesta del exdirector del NIAID fue inmediata: «No, lo ha oído mal».

Además, en esa misma comparecencia Fauci reconoció haber recibido información de agencias de inteligencia sobre posibles actividades en laboratorios tras el inicio de las investigaciones sobre la COVID-19. Eso no encaja bien con la idea de una negación absoluta de cualquier contacto.

Los documentos también incluyen referencias a denuncias internas y a tensiones sobre cómo tramitar acusaciones contra Fauci relacionadas con la investigación de ganancia de función. Es legítimo examinar si esas denuncias fueron gestionadas correctamente. Pero los archivos no prueban que Fauci ordenara enterrarlas ni que dirigiera represalias contra analistas que defendían la hipótesis de la fuga de laboratorio.

Los documentos no prueban que Fauci organizara una campaña para silenciar a sus críticos

Gabbard también sostiene que Fauci recurrió a un supuesto «manual del Estado profundo», basado en «mentiras, desinformación y censura», para protegerse de las críticas y silenciar a quienes defendían la hipótesis de la fuga de laboratorio. Según Gabbard, el exdirector del NIAID utilizó su relación con la comunidad de inteligencia para evitar el escrutinio público y favorecer una única narrativa sobre el origen del coronavirus.

Sin embargo, los documentos difundidos no aportan pruebas que respalden esas acusaciones.

Durante la pandemia, Fauci compareció en numerosas ocasiones ante el Congreso, respondió a largas sesiones de preguntas de legisladores de ambos partidos y fue objeto de un intenso seguimiento por parte de los medios de comunicación. Los archivos desclasificados tampoco muestran que ejerciera un control directo sobre el trabajo de los analistas de inteligencia. Lo que sí reflejan es que participó en reuniones, recibió sesiones informativas y trasladó su opinión científica, además de sugerir expertos que, a su juicio, podían contribuir a las investigaciones.

La documentación incluye también varias referencias a denuncias internas relacionadas con Fauci. Una de ellas cuestionaba la veracidad de su testimonio ante el Congreso sobre la financiación de investigaciones de ganancia de función. Los documentos muestran que la comunidad de inteligencia estudió cómo tramitar esa denuncia y valoró remitirla al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al considerar que Fauci no pertenecía a la comunidad de inteligencia y que la reclamación no se refería a actividades propias de ese ámbito.

Otra de las denuncias mencionadas en los archivos sostenía que la CIA había presionado o incluso recompensado a analistas para que descartaran la hipótesis de la fuga de laboratorio. Sin embargo, la propia documentación incorpora una explicación distinta: el retraso en la publicación de la evaluación se debió a la llegada de nueva información que debía analizarse antes de finalizar el informe, y no a pagos o presiones dirigidas a modificar las conclusiones.

Respecto a las supuestas represalias contra quienes defendían la teoría de la fuga de laboratorio, se afirma que un contratista perdió su empleo tras denunciar irregularidades ante la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. No obstante, entre los documentos publicados no figura ninguna prueba que permita verificar esa afirmación. La referencia más explícita sobre un posible despido aparece, de hecho, en sentido contrario. Tras una tensa reunión con miembros del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un funcionario de la ODNI expresó por escrito su preocupación por las posibles consecuencias personales de aquella comparecencia: «Espero que el DNI reciba cartas airadas del Capitolio cuestionando mi profesionalismo y exigiendo que la IC dé nombres. Y tal vez que me despidan» (Doc. 46). Ese comentario se refiere a la presión política ejercida por congresistas y no menciona actuaciones promovidas por Fauci ni por quienes defendían el origen natural del virus.

En conjunto, los documentos reflejan desacuerdos internos, denuncias y tensiones dentro de la comunidad de inteligencia durante la investigación sobre el origen de la COVID-19. Sin embargo, no aportan pruebas suficientes para sostener que existiera una estrategia coordinada de Fauci para censurar voces discrepantes, dirigir las conclusiones de los analistas o promover represalias contra quienes respaldaban la hipótesis de la fuga de laboratorio.

La colección de documentos incluye además un correo reenviado en marzo de 2026 que añade una lectura muy distinta a la que desprenden los mensajes originales. Su autor sostiene que la comunidad de inteligencia siguió instrucciones de los NIH, pero el intercambio de 2020 refleja un escenario diferente: los analistas discutían las pruebas disponibles, pedían más información, recurrían a expertos externos y advertían de los riesgos de apoyar una evaluación de inteligencia en un único informe. El contenido de esos correos no permite concluir que los NIH dirigieran el trabajo de los servicios de inteligencia.

El origen del SARS-CoV-2 sigue sin estar resuelto de forma definitiva. La hipótesis de una fuga de laboratorio no es una teoría descartada (como ya revisamos en una ocasión anterior) y ha sido considerada por agencias estadounidenses. También sigue existiendo la hipótesis de un origen natural. La falta de cooperación plena de China y la ausencia de datos clave impiden una conclusión firme, como destacó el informe independiente del Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO, por sus siglas en inglés) sobre los orígenes del SARS-CoV-2 publicado el 27 de junio de 2025 (y que analizamos aquí). No en vano, ese informe señaló que la hipótesis más respaldada seguía siendo el salto natural desde animales, probablemente a través del comercio de fauna silvestre, no había evidencia de manipulación deliberada, y que la teoría de la fuga de laboratorio no podía aún confirmarse ni descartarse por falta de datos.

Pero una cosa es afirmar que la fuga de laboratorio es plausible y que hubo financiación estadounidense para investigaciones sobre coronavirus en Wuhan. Otra muy distinta es afirmar que Fauci financió la investigación que causó la pandemia y manipuló a la inteligencia para encubrirlo.

Los documentos publicados por Gabbard sostienen la primera parte del debate: hubo financiación, hubo contactos con la comunidad de inteligencia, hubo desacuerdos internos y hubo controversia sobre el origen del virus. No sostienen la segunda: no prueban causalidad, manipulación ni perjurio de forma concluyente.

Veredicto: engañoso

La nota de prensa de la ODNI —y el vídeo publicado por la propia Tulsi Gabbard a través de sus redes sociales— parte de hechos reales, pero los presenta como si demostraran acusaciones mucho más graves. Los documentos no prueban que Anthony Fauci financiara una investigación que originó la COVID-19, ni que manipulara las evaluaciones de inteligencia, ni que mintiera de forma indiscutible al Congreso. La afirmación convierte hipótesis, debates internos y contactos institucionales en una conclusión cerrada que la evidencia publicada no respalda. Por tanto, calificamos las afirmaciones como engañosas.